La Republica - Cada vez que pierde el eterno perdedor, su fracaso es culpa de un “fraude inexistente" y de todos y todas...menos de él.

El medio de comunicación Pro Honduras Network se pronunció sobre la consejera Ana Paola Hall.

¿Cómo puede una abogada hablar de credibilidad electoral en Honduras sin mirar los expedientes federales del Distrito Sur de Nueva York?

Ahí no estamos hablando de chismes de redes.

Estamos hablando de documentos judiciales donde fiscales de Estados Unidos señalaron cómo el poder político hondureño usó dinero del narcotráfico para financiar campañas, sostenerse en el poder y cometer fraude electoral. El propio Departamento de Justicia afirmó que Juan Orlando Hernández y sus aliados usaron millones de dólares de la cocaína para financiar campañas y cometer fraude electoral.

Por eso la señora Hall no puede presentarse como si estuviera por encima del lodazal. Ella viene de un partido que, junto al Partido Nacional, ha sido parte del sistema político que acompañó, toleró o se benefició de esos procesos oscuros que destruyeron la confianza pública.

El problema es cómo lo hace. Porque en su discurso hay una omisión que no es menor: actúa como si la historia reciente de Honduras no existiera, como si la desconfianza electoral fuera un capricho de un candidato derrotado y no la consecuencia directa de procesos profundamente cuestionados, algunos de ellos expuestos con lujo de detalle en expedientes federales en Estados Unidos.

Y ahí es donde su postura se vuelve insostenible. Estamos hablando de documentos judiciales en el Distrito Sur de Nueva York donde fiscales describieron cómo estructuras políticas en Honduras incluyendo actores del Partido Nacional y del Partido Liberal operaron en entornos donde el financiamiento ilícito, el narcotráfico y la manipulación electoral no eran anomalías, sino parte del sistema. Ese contexto no puede ignorarse, mucho menos por una abogada. Porque una profesional del derecho, con acceso y capacidad de análisis, no puede simplemente pasar por alto ese historial y luego salir a hablar de credibilidad institucional como si el problema se redujera a “un perdedor que no acepta resultados”.

Aquí no se trata de defender a nadie que grite fraude sin pruebas. Eso también debe cuestionarse. Pero reducir el problema a eso es, en el mejor de los casos, una simplificación peligrosa. En el peor, una forma de encubrir la raíz del problema. Porque la pregunta que queda en el aire no es sobre un candidato, sino sobre el sistema completo: ¿qué ha cambiado realmente desde 2013 y 2017? ¿Qué garantías tiene hoy el ciudadano de que los mecanismos que en el pasado fueron utilizados para distorsionar la voluntad popular no siguen operando, con otros nombres, con otros actores, pero bajo la misma lógica?

La consejera habla de informes remitidos, de investigaciones en curso, de una verdad que se impondrá. Honduras ha escuchado eso antes. Durante años. Y sin embargo, la percepción de impunidad sigue intacta. Porque la credibilidad no se construye con comunicados ni con frases contundentes. Se construye con resultados visibles, con responsables identificados, con consecuencias reales. Y eso es precisamente lo que ha faltado.

Por eso resulta difícil aceptar el tono de superioridad moral desde una institución que forma parte de un sistema que nunca ha terminado de rendir cuentas. No porque todos sean culpables, sino porque nadie ha logrado demostrar lo contrario con hechos contundentes. Y en ese vacío, la indignación institucional suena más a defensa que a transparencia.

La historia, como ella dice, prevalecerá. Pero no la que se redacta desde una oficina ni la que se impone desde un comunicado. Prevalecerá la que resista el peso de los hechos, la que no omita el pasado y la que no pretenda que el problema de Honduras es únicamente el discurso de quienes pierden, sino también y sobre todo la conducta de quienes han administrado el poder durante décadas.